Informe Derechos Humanos

CARAVANA HUMANITARIA POR LA VIDA Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO EN EL RÍO SAN JUAN

(11 a 15 de octubre de 2021)


Desde el día 11 al 15 de octubre de 2021 se desarrolló la Caravana Humanitaria por la Vida y la Permanencia en el Territorio del Río San Juan para conocer, visibilizar, brindar apoyo solidario y denunciar la situación de crisis humanitaria que viven las comunidades debido a la profundización del histórico conflicto social, político y armado que, entre otras, ha militarizado los territorios por parte de la fuerza pública, grupos paramilitares y la insurgencia en Colombia.

La Caravana estuvo organizada por el Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN), la Diócesis de Istmina-Tadó, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz – OEA (MAPP-OEA), la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (ONU-OCHA), Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN), la Red de Derechos Humanos del Pacífico Colombiano (REDDHHPAC) y otras entidades, como las firmantes de este documento, entre los que se encuentran la Asociación Nómadesc, la Universidad Intercultural de los Pueblos, la Fundación Bakia Defensores de la Dignidad de los Pueblos, la Unicatólica y la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia.

El punto de partida para el recorrido fue la comunidad indígena de Taparalito en el (Litoral del San Juan), donde se reunieron las dos delegaciones procedentes de Quibdó y el Bajo Calima, aproximadamente de 100 participantes, a quienes se irían sumando habitantes de los territorios para asistir a los actos y eventos de la Caravana.

Las veredas y corregimientos que visitó la Caravana Humanitaria, corresponden a los municipios del Istmina, Medio San Juan, Litoral San Juan y Sipí, que, junto con Nóvita, son territorios, que están siendo muy afectados por la guerra que se libra entre sus comunidades, debido a la militarización por parte del Ejercito Nacional, a las arremetidas de los paramilitares denominados como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la presencia en el territorio del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En Taparalito se realizó un encuentro con representantes de la población local en el que se presentaron los objetivos y las organizaciones que impulsan la Caravana, así mismo, las autoridades étnicas y demás asistentes; se celebró una eucaristía, se socializó el informe de la CIVP, como el Pacto por la Vida y por la Paz.

El día 13 la Caravana se dividió en dos comisiones de trabajo. La primera se dirigió a la vereda de Corriente Palo (Litoral del San Juan). En dicha vereda, los integrantes de esta delegación pudieron conocer detalles de la situación vivida en la comunidad, con ocasión de los bombardeos realizados por el ejército contra la guerrilla del ELN, con el objetivo de dar de baja a uno de sus comandantes conocido como “Fabián”, acción en la que fueron asesinados, además, otros integrantes de dicho grupo, entre los que se encontraron varios menores de edad. Los testimonios directos, recepcionados por la Caravana, dan cuenta de la grave situación de confinamiento de la comunidad ante la presencia de los grupos armados que provoca entre otras afecciones, pero de manera muy destacada, una situación de hambre y pobreza al no poder dedicarse a sus actividades cotidianas que constituyen la base de su sustento. Además de las víctimas mortales pertenecientes al ELN durante el ataque efectuado el día 16 de septiembre del presente año, la comunidad que habita dicha zona, integrada por unas 60 familias que ascienden a 300 personas, se han visto afectadas tras la imposibilidad de trabajar en sus cultivos, realizar sus actividades de caza, pesca o madera. Se constató, que desde hace varios meses a la, fecha la población se encuentra confinada ante el riesgo que supone la presencia de la fuerza pública en el territorio, junto a los otros actores armados, así como el minado de caminos y senderos. Según los pobladores, el confinamiento se traduce en hambre para quienes habitan estos territorios, a lo que las autoridades civiles no han activado ningún procedimiento de atención a las víctimas afectadas por estas situaciones; incluso se denuncia que, desde el momento de dichos bombardeos, ninguna autoridad civil ha acudido al lugar, “ni Alcaldía, Personería, Defensoría, Unidad de Víctimas…” El llamado principal es a que se atienda la emergencia humanitaria que ocasionan los diferentes bombardeos, pues como en anteriores ocasiones, dicha situación tarda en recuperar la normalidad previa al bombardeo. Habitantes de la vereda denunciaron igualmente, la pobreza estructural y abandono por parte de las autoridades.

La otra delegación, en la que se dividió ese día la Caravana recorrió las veredas de Las Delicias, Pangalita, Cocove, Trapiche y Copomá (Litoral del San Juan), Puerto Olave, La Lerma y la Unión Wounaan. En las que se constató el confinamiento que viven las comunidades, realidad que afecta ostensiblemente la soberanía alimentaria e impide el desarrollo de las dinámicas propias de las economías locales, otro elemento común es el deterioro de la salud de las niñas, niños y adultos mayores, tras la ausencia de atención y medicamentos básicos, a los que los usos y costumbres de las plantas medicinales no es suficiente porque ya escasean de las azoteas tradicionales por la falta de cuidados debido al desplazamiento forzoso interno. Así mismo, los problemas en mantenimiento y falta de plantas eléctricas, sumado al poco personal docente, escases de instalaciones educativas y la ausencia de planes y alternativas de recreación y deporte para la población, denotan la clara vulneración y falta de garantía de los derechos humanos. En este recorrido también se puso de manifiesto la presencia de actores ajenos al territorio que reclaman la propiedad de 32.450 hectáreas del territorio colectivo del Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN), mientras que las entidades territoriales dilatan respuestas y claridad sobre el tema. Las comunidades pusieron de manifestó, que dicha situación pone en riesgo el derecho a la autonomía y la gobernabilidad propia.

El día 14 de octubre, en Noanamá (Medio San Juan), la Caravana empleó toda la jornada para la escucha de las peticiones de los habitantes de este corregimiento, así como de los lugares próximos al mismo. En todos los testimonios se constató, el recurrente llamado para que las autoridades civiles emprendan acciones concretas y concertadas para superar la difícil situación que padecen las comunidades, fruto del confinamiento y el accionar de los grupos armados al que se han visto obligadas.

El día 15 por la mañana las diferentes delegaciones finalizaron la Caravana Humanitaria para retornar a sus lugares de origen.

caravana San Juan

OBSERVACIONES RESULTANTES DE LA CARAVANA:

Durante estos días los integrantes de la Caravana Humanitaria, firmantes de este informe, pudieron comprobar las condiciones de extrema pobreza, afectación y vulnerabilidad en las que viven las comunidades étnico territoriales afrodescendientes e indígenas (Wounaan) que habitan los corregimientos y veredas visitados.

La situación de pobreza y condiciones de vida paupérrimas de carácter estructural e histórica que padece la población local, a pesar de hallarse en una de las zonas más ricas del país, se ven exacerbadas por el conflicto interno.

La guerra en la que se ven inmersos los habitantes debido a los enfrentamientos entre el Ejército colombiano y los otros grupos armados que hacen presencia en la región, como la guerrilla del ELN y paramilitares de las AGC, junto a informaciones de la llegada al territorio de las disidencias de la FARC, empeora las condiciones de vida hasta la crisis humanitaria que atraviesa esta parte del Chocó. Las denuncias recibidas relacionadas con el desplazamiento interno y confinamiento, evidencian, que estas situaciones son consecuencia directa de los enfrentamientos entre los actores, así como la militarización de los territorios.

Las comunidades reprochan la ausencia y abandono estatal que no garantiza salud, educación ni inversión social. En cambio, la presencia del Estado se da con la militarización del territorio, de la que es ejemplo la base militar No. 26 en el corregimiento de Noanamá, desde el año 2018, sin que existiera una consulta previa, libre e informada en este territorio colectivo de comunidades negras y retenes en el río.

Entre las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, se encuentran las del hostigamiento y retenciones por parte del ejército, a los pobladores en su libre tránsito por los territorios, la práctica de empadronamientos, entre otros.

La Caravana pudo constatar, que el ejercicio de la fuerza pública coloca en riesgo la vida, el territorio y la cultura de los pueblos étnicos que habitan esta zona del país.

El abandono institucional pudo comprobarse ante el desinterés de las autoridades convocadas por los organizadores de la Caravana a participar de las actividades con las comunidades, pues la Defensoría de Pueblo, la Procuraduría, la Gobernación y las alcaldías de los municipios de esta zona, no asistieron a ninguno de los actos del recorrido, con la excepción de la Alcaldía de Istmina, que acudió durante pocas horas a la jornada del día 15 en Noanamá.

Este abandonó estatal de la región ha sido suplido, en parte, por organismos de la cooperación internacional para intentar paliar mínimamente las deficiencias estructurales que se han empeorado con el transcurso de los años.

Entre los incumplimientos del Estado, se señaló específicamente el del Capítulo de Étnico de los Acuerdos de Paz entre las FARC-EP y el Estado colombiano.

La ignorancia y descuido del Estado colombiano respecto al cumplimiento de las obligaciones legales que tiene contraídas en diferentes Tratados Internacionales, se extiende a la normativa como la Ley 70 de 1993 que reconoce derechos específicos a las Comunidades Negras, al cumplir y velar por el cumplimiento de las órdenes y medidas cautelares Auto 040 de 2018, Auto 005 de 2009, y el Auto 091 del 24 de febrero de 2017 de la Honorable Corte Constitucional.

Todos estos incumplimientos que son reiterados en el tiempo permiten evidenciar el carácter sistémico de las violaciones denunciadas.

La existencia en el territorio de numerosos proyectos extractivista que atentan contra el medio ambiente de una de las zonas más ricas de Colombia en biodiversidad se ve agravada con las acusaciones de robo de tierras a sus titulares legítimos.

RECOMENDACIONES/EXIGENCIAS

A la vista de la situación comprobada sobre el terreno y las exigencias de las comunidades y sus representantes las organizaciones firmantes hacen un llamado público, para revertir este estado de cosas:

A LA FUERZA PÚBLICA Y RESTO DE ACTORES ARMADOS PRESENTES EN LA ZONA:

• Instan a los actores armados a no involucrar a los pobladores en el conflicto.
• Tener y/o crear mecanismos, pasos o alternativas para participar en posibles espacios o mesas de diálogo en un futuro corto o mediano plazo, teniendo en cuenta que la población ha manifestado que estas acciones garantizan la tranquilidad y la vida en el territorio.
• La no suplantación, simulación e identificación de grupo armado contrario, lo cual agudiza el conflicto y crea confusión en la población al momento de diferenciar a los actores armados. 
• El respeto a Zonas Humanitarias y Comunidades de Paz que se puedan derivar de iniciativas de la comunidad, junto con organizaciones integrantes de las Caravanas Humanitarias y demás sociedad civil que respalde estas iniciativas y se puedan materializar. 
• Plantear y no desestimar la Desmilitarización del territorio, la cual garantizaría el derecho a la vida de la comunidad y de los integrantes de grupos armados.
• El respeto a los derechos fundamentales y derechos humanos de la población que se encuentra en la región.

Al Gobierno Nacional:
• La implementación y cumplimiento de los Acuerdos de Paz firmados en la Habana Cuba y ratificado en el Teatro Colón entre las FARC-EP y el gobierno nacional, así como lo concerniente al capítulo Étnico.
• Cumplir y velar por el cumplimiento de las recomendaciones dadas por la Defensoría del pueblo en la Alerta Temprana Nro. 020 del 2021.
• Cumplir y velar por el cumplimiento de las órdenes y medidas cautelares Auto 040 de 2018, Auto 005 de 2009, y el Auto 091 del 24 de febrero de 2017 de la Honorable Corte Constitucional.
• Reconocer a las comunidades como un actor comunitario étnico no armado, respetando la integridad de sus miembros, así como la autonomía sobre sus territorios ancestrales y el ejercicio de la libre autodeterminación de sus vidas.
• Exigen al Estado colombiano a que retire las bases militares que se encuentran junto a las poblaciones, específicamente la de Noanamá, y que se levanten las restricciones de movimientos a los pobladores.
• Crear y garantizar los mecanismos necesarios para espacios de dialogo, acuerdos y concertación entre los actores armados y las comunidades de la región con acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales, así como la sociedad civil.
• Se ordene el inicio de investigaciones y sanciones a servidores públicos administrativos, de elección popular y fuerza pública que estén inmersos en abusos de autoridad, violaciones de derechos humanos y derechos fundamentales en contra de la población de la región, ya sea por acción u omisión.
• Concertar con el Consejo Comunitario Mayor del San Juan ACADESAN, el fortalecimiento del gobierno propio y la puesta en marcha de la guardia cimarrona como mecanismos de autocuidado.
• Reconocer y respectar a las Juntas de los Consejos Comunitarios y/o Gobierno, como máxima autoridad de los territorios, en el marco del gobierno propio.

A las entidades gubernamentales (del orden local, regional y nacional):
• Implementar efectivamente rutas de acción y medidas de atención a la población desplazada forzadamente y confinada.
• Implementar efectivamente medidas de prevención del desplazamiento forzado y de protección de los derechos a la vida, libertad e integridad de todas las comunidades.
• Respaldar y acompañar iniciativas que busquen el diálogo entre las partes o actores del conflicto, la comunidad y sociedad civil.
• Garantizar los derechos fundamentales y humanos de la población, de una manera efectiva.
• Garantizar el goce efectivo de los derechos étnico- territoriales de los pobladores.

A las entidades estatales que hacen parte del Comité de Evaluación y Riesgos y Recomendaciones de Medidas – CERREM:
• Adoptar e implementar correctamente todas y cada una de las medidas de protección colectiva solicitadas por ACADESAN mediante acta del 26 de marzo de 2021.

A las entidades que hacen parte del Ministerio Público (Personerías, Defensoría del Pueblo y Procuraduría
General de la Nación) y Alcaldías Municipales:
• Tomar y tramitar urgentemente ante la UARIV las declaraciones de desplazamiento forzado y confinamiento.
• Al Ministerio Público que exija a las autoridades del Orden Nacional, Departamental y Local, el estricto cumplimiento a sus competencias e investigue la acción u omisión de servidores públicos en los casos de violación de derechos humanos en el territorio.
• En concordancia con el derecho a la vida, respaldar, monitorear y acompañar acciones de dialogo y concertación entre los actores armados, la población de la región y la sociedad civil que se puedan dar a futuro en un corto o mediano plazo como esfuerzo del accionar de las Caravanas Humanitarias, instituciones y demás sociedad civil de carácter nacional e internacional.

A la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV):

• En cumplimiento de los principios de complementariedad y subsidiariedad, garantizar atención humanitaria para las comunidades, familias y personas afectadas por el desplazamiento forzado y el confinamiento.
• Reconocer e incluir en el Registro Único de Víctimas (RUV) el desplazamiento forzado y el Confinamiento de todas y cada una de las comunidades, familias y personas afectadas.
• A la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación:
• Vigilar y controlar que las entidades gubernamentales garanticen efectivamente la protección y atención a la población desplazada, confinada y en riesgo.
• Liderar o acompañar misiones humanitarias a los territorios del San Juan para garantizar atención y contribuir a la protección de las comunidades.

A organismos internacionales (como el ACNUR, CICR, MAAP-OEA, OCHA, ONU DH, entre otros) y Organizaciones no gubernamentales que defienden derechos humanos:

• Apoyar y promover la realización y acompañamiento de la Caravana Humanitaria que se viene planificando desde las diferentes autoridades locales, organizaciones sociales, de derechos humanos y comunicaciones.
• Promover la iniciativa de Refugio Humanitario o comunidades de paz para la permanencia en el Territorio.
• Realizar una campaña por redes sociales de difusión y acompañamiento de las problemáticas presentes en el medio San Juan. Como acción urgente, sacar una insignia, bandera y/o mensaje que exprese solidaridad con las comunidades negras e indígenas del río San Juan.
• En concordancia con el derecho a la vida, respaldar, monitorear y acompañar acciones de diálogo y concertación entre los actores armados, la población de la región y la sociedad civil que se puedan dar a futuro en un corto o mediano plazo como esfuerzo del accionar de las Caravanas Humanitarias, instituciones y demás sociedad civil de carácter nacional e internacional. 

A la sociedad civil, en general

Hacemos un llamamiento a la sociedad civil, nacional e internacional, a solidarizarse con los habitantes de esta región y para que se sumen a próximas actividades, que incluyan la veeduría respecto al cumplimiento de los derechos humanos y mejorar las condiciones materiales de vida de una población sometida a condiciones de extrema pobreza ante la dejación del Estado en su obligación de atender estas necesidades básicas y universales.

Proponen el establecimiento de refugios humanitarios o comunidades de paz que contribuyan a evitar el desplazamiento en caso de recrudecimiento de los enfrentamientos armados.

Difundir y comunicar las denuncias y la grave situación que padecen las comunidades que habitan estos territorios.

Firman:
CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DEL SAN JUAN (ACADESAN)
ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA ACCION SOCIAL – NOMADESC
FACULTAD DE EDUCACIÓN UNICATOLICA DE CALI
RED DE DERECHOS HUMANOS DEL PACIFICO COLOMBIANO (REDDHHPAC)
RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD POR COLOMBIA (REDHER)
FUNDACIÓN BAKIA DEFENSORES DE LA DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LOS PUEBLOS
PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS (PCN)
ASOKINCHAS
CORPORACIÓN LA GOTA
HUMANIDAD VIGENTE
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS CONGRESO DE LOS PUEBLOS
CORPORACIÓN DESCOLPAZ
CONCEJO COMUNITARIO GENERAL DEL SAN JUAN (ACADESAN)
COLECTIVO ARTISTICO Y CULTURAL CLAUDICANTES
EMIGRANDO SIN FRONTERAS
CONCEJO COMUNITARIO MAYOR DEL SAN JUAN Y PARTE DEL MEDIO SAN JUAN (COCOMINSA)
PROCESO DE MUJERES FORJADORAS DEL CAMINO – LITORAL DEL SAN JUAN
ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL MEDIO SAN JUAN (ASOCAMESAN)
LA COMISIÓN INTERÉTNICA DE LA VERDAD DEL PACIFICO (CIVP)
PROCESO DE MUJERES EMPRENDEDORAS COSECHANDO ESPERANZA – ISTMINA
LA COORDINACIÓN REGIONAL DEL PACIFICO (CRP)
ASOCIACIÓN NACIONAL DE DESPLAZADOS DE COLOMBIA (ANDESCOL)
ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL PUEBLO WOUNAAN DE BOGOTÁ (ASOVIWB)
MUNDO PACIFICO: EL PACIFICO A UN CLICK DE DISTANCIA
COLECTIVO SOLIDARIO ACCIÓN PERMANENTE POR LA PAZ
MEDIO DE COMUNICACIÓN CANALETEANDO
DIÓCESIS DE ITSMINA – TADÓ
CHOCÓ ARTESANO
RENACIENTES (PCN)
RED PROYECTO SUR
LA PIEDRA EN EL ZAPATO
TROCHANDO SIN FRONTERAS
COMUNICA SUR
COMUNDO
VIDA DIGNA
REDEPAZ
LEY TOCO

También te podría gustar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.